El pasado mes de agosto, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución #0851 de 2022 “por medio de la cual se establecen la clasificación nacional de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos y sus Residuos”, esta resolución aplica para los productores, comercializadores, usuarios o consumidores de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), gestores de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Autoridades Ambientales del todo el territorio nacional.
Debido a la creciente generación de los RAEE y su baja tasa de recolección y gestión adecuada, el gobierno nacional decidió que se hizo necesario actualizar la regulación de los sistemas de recolección y gestión a todos los AEE (y sus residuos) de consumo masivo que se comercializan en el país, los cuales se clasificaron en 3 grandes categorías y 33 subcategorías y 621 partidas arancelarias, de las cuales 239 se reglamentaron como de consumo masivo. Actualmente los AEE representan un gran reto debido a la cantidad de tecnología y aplicaciones que tienen, aunque la mayoría de sus componentes son materiales valiosos no peligrosos, los cuales pueden ser recuperados y reciclados, para posteriormente ser reintegrados a los ciclos productivos. Aunque en un porcentaje menor se pueden encontrar componentes o sustancias peligrosas las cuales necesitan un manejo ambientalmente responsable, diferenciado de los demás residuos, todo esto con el fin de poder prevenir y mitigar los impactos que se pueden llegar a generar por el inadecuado manejo de los mismos.
La subpartida 8507100000 le aplica lo establecido por la Resolución 372 de 2009 “por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido”.
La resolución 0851 de 2022 comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2023, lo cual le permite a cada uno de los actores tener un régimen de transición para que realicen las gestiones pertinentes que les permitan cumplir con las obligaciones y, además de evitar sanciones, cumplirle al país en materia de sostenibilidad.
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